Prosperidad Social no da tregua en la lucha anticorrupción: compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.
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Prosperidad Social no da tregua en la lucha anticorrupción
En un país donde la confianza ciudadana en las instituciones se ha visto afectada por múltiples escándalos de corrupción, la transparencia se convierte en un pilar fundamental de la gestión pública.
En este contexto, Prosperidad Social no da tregua en la lucha anticorrupción y ha demostrado una postura decidida frente a los hallazgos recientes presentados por la Contraloría General de la República, derivados de una auditoría a programas de infraestructura social.
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Auditoría de la Contraloría: hallazgos y aclaraciones
La Contraloría General de la República realizó una Auditoría de Cumplimiento al programa “Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la infraestructura social y hábitat para la paz total a nivel nacional”, correspondiente a las vigencias de 2020 a 2023 y el primer semestre de 2024.
El informe reveló que solo se pudo revisar una muestra de $58.000 millones de un universo de $2.5 billones en recursos públicos.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del informe es que ninguno de los convenios auditados corresponde al actual gobierno, es decir, no se firmaron convenios de este tipo entre agosto de 2022 y junio de 2024.
Esto indica que los problemas detectados se remontan a administraciones anteriores, aunque la actual dirección ha asumido la responsabilidad de enfrentarlos.
Una administración que solicita ser auditada
Lejos de esquivar la situación, el Director General de Prosperidad Social solicitó el 29 de abril de 2024 a la Contraloría General que realizara una auditoría completa a los procesos contractuales de la entidad, con énfasis en convenios de infraestructura.
Esta petición nació de la identificación de más de 100 proyectos inconclusos —conocidos como “elefantes blancos”— que no habían sido finalizados ni entregados a la comunidad.
La Contraloría respondió en julio de 2024, iniciando una auditoría a 892 convenios interadministrativos entre Prosperidad Social y entidades territoriales. De estos, 459 fueron suscritos entre 2011 y 2017, y 433 entre 2018 y 2022. Llama la atención que el 44% de estos convenios se concentraron en 2021, evidenciando un posible foco de atención durante esa vigencia.
Retos para acceder a la información: una herencia desorganizada
Durante el proceso de auditoría, el equipo de Prosperidad Social enfrentó serias dificultades para entregar información completa. Entre los principales obstáculos se encontraron:
- Documentación dispersa en múltiples sistemas y archivos físicos.
- Expedientes incompletos y carentes de soportes de pago por parte de los entes territoriales.
- Requerimientos que implicaron búsquedas manuales y carga operativa considerable.
- Limitaciones tecnológicas que dificultaron la digitalización de la información.
- Documentos ilegibles o faltantes, sobre todo de vigencias anteriores al 2020.
Estos hallazgos fueron comunicados oficialmente el 17 de octubre de 2024 mediante el radicado S-2024-1000-0552865, en el que Prosperidad Social informó que muchos documentos no estaban disponibles de forma integral, pese a los esfuerzos realizados.
Articulación con organismos de control
Como parte de su política de transparencia, Prosperidad Social ha informado estos hechos a la Fiscalía General de la Nación, solicitando las investigaciones pertinentes. También se ha puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que adelante los procesos disciplinarios que correspondan.
Este accionar refleja que Prosperidad Social no da tregua en la lucha anticorrupción, y no solo recibe los informes con responsabilidad, sino que también colabora activamente con los órganos de control para que se tomen las medidas necesarias.
Visitas a los proyectos y seguimiento conjunto con el DNP
La entidad también ha anunciado que, una vez se publique el informe definitivo de la Contraloría, se iniciará un proceso de visitas a cada uno de los proyectos auditados. Esta labor se llevará a cabo en alianza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el propósito de verificar el estado real de las obras, establecer responsabilidades y definir acciones concretas para su finalización o recuperación.
Conclusión: una administración decidida y comprometida
Prosperidad Social no da tregua en la lucha anticorrupción. El caso presentado por la Contraloría revela una realidad preocupante: múltiples proyectos de infraestructura que no cumplieron su cometido y dejaron a comunidades vulnerables sin las soluciones prometidas. Sin embargo, también demuestra que existe una administración comprometida con cambiar esta historia.
Prosperidad Social no da tregua en la lucha anticorrupción, y su actuar transparente, diligente y colaborativo es una muestra de que el manejo de los recursos públicos puede hacerse con responsabilidad, ética y respeto por el ciudadano.
La rendición de cuentas, la digitalización de la información y el fortalecimiento institucional seguirán siendo prioridades de esta entidad que trabaja por el bienestar de millones de colombianos.
Fuente oficial: prosperidadsocial.gov.co
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