El nuevo decreto de salario mínimo para 2026 que deberá expedir el Gobierno Nacional volvió a encender el debate económico en el país. Esta vez, fue el propio presidente Gustavo Petro quien puso sobre la mesa una cifra concreta: un salario mínimo vital de 2.155.000 pesos mensuales, como mecanismo para cerrar brechas históricas entre productividad y remuneración laboral.
El planteamiento lo hizo el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que con ese nivel salarial se avanzaría en una mejor distribución del ingreso. Según Petro, desde 2002 se ha venido desconectando el crecimiento de la productividad laboral del salario real, en contravía de lo establecido por la Sentencia C-187 de 1999 de la Corte Constitucional.
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La brecha entre productividad y salario mínimo
Las declaraciones del presidente surgieron como respuesta a un análisis del economista Daniel Ossa, quien explicó cómo ha evolucionado la productividad y la distribución del ingreso en Colombia, apoyándose en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Ossa recordó que la Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo debe ajustarse teniendo en cuenta variables como la inflación y la productividad.
Sin embargo, advirtió que durante años se ha utilizado la Productividad Total de los Factores (PTF) como referencia, una medición que —según su análisis— no refleja adecuadamente la productividad laboral. El resultado, afirmó, ha sido un crecimiento del salario mínimo por debajo del crecimiento real de la productividad.
De acuerdo con los datos citados, entre 1996 y 2025 la brecha acumulada entre salario mínimo y productividad laboral alcanzó el 53,8 %. En ese periodo, la relación entre salario mínimo y productividad pasó de 64,9 % en 1996 a un mínimo histórico de 34,2 % en 2022. Aunque los incrementos recientes elevaron esa relación a 38,9 % en 2024, el rezago persiste.
El impacto de esta brecha también se refleja en la participación de los trabajadores que ganan salario mínimo dentro del PIB per cápita. Según Ossa, este grupo pasó de representar el 59,5 % en 1996 al 46,2 % en 2023. Bajo ese contexto, el economista señaló que, si el salario mínimo hubiera crecido conforme a lo ordena la Ley 278 (inflación más productividad), en 2025 debería ubicarse en 2.155.000 pesos mensuales, y no en los $1.423.500 actuales.
Tensiones jurídicas alrededor del nuevo decreto
Más allá del debate técnico, el ajuste del salario mínimo para 2026 enfrenta un complejo escenario jurídico. Algunos sectores del Gobierno han sugerido que el nuevo decreto podría incluso superar el aumento del 23 % definido en diciembre de 2025.
Sin embargo, expertos advierten que esta opción podría chocar con las decisiones del Consejo de Estado, que suspendió el Decreto 1469 de 2025 por la forma y los criterios utilizados.
Ivonne Aristizábal Rojas, directiva de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, sostuvo que un nuevo decreto con un aumento igual o superior al 23 % podría resultar inconveniente y derivar en un posible desacato.
En la misma línea, el abogado Alexander Bermúdez Correa explicó que el Consejo de Estado fue claro al advertir que no se puede reproducir, ni en esencia, el contenido de un acto administrativo suspendido.
Según Bermúdez, cualquier nuevo decreto deberá sustentarse estrictamente en los criterios del artículo 8 de la Ley 278 de 1996: inflación, productividad, crecimiento del PIB y contribución salarial al ingreso nacional. De no hacerlo, el alto tribunal podría suspenderlo de forma inmediata.
Un debate abierto
Mientras el Gobierno define el rumbo del nuevo decreto, la propuesta del presidente Petro vuelve a poner en el centro del debate una pregunta de fondo: cómo repartir de manera más equitativa el crecimiento económico.
El salario mínimo vital de 2.155.000 pesos mensuales aparece, por ahora, como una referencia política y técnica que reabre la discusión sobre productividad, justicia salarial y cumplimiento de la ley.
William Torres
Editor digital – Wintor ABC
