La protección de niñas, niños y adolescentes no termina en el salón de clases. También exige reconocer riesgos que pueden aparecer en redes sociales, plataformas digitales, conversaciones privadas y otros espacios que hacen parte de su vida diaria.
El Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a las instituciones educativas, familias y comunidades para identificar señales de alerta frente a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y actuar ante cualquier posible situación de riesgo.
El pronunciamiento fue publicado el 23 de septiembre de 2026 y pone especial atención en la prevención desde las escuelas y en la construcción de entornos seguros, tanto presenciales como digitales.
¿Qué es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes?
La explotación sexual comercial ocurre cuando una niña, niño o adolescente es utilizado con fines sexuales a cambio de dinero, regalos, beneficios o incluso la promesa de recibirlos, según explicó el Ministerio de Educación.
No siempre comienza con una amenaza directa.
Las situaciones de riesgo pueden estar relacionadas con ofrecimientos económicos, regalos, manipulación, engaños, amenazas o solicitudes de fotografías, videos o encuentros.
El riesgo también está presente en internet. Las redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas digitales pueden ser utilizadas para establecer contacto con niñas, niños y adolescentes.
Por esta razón, la prevención también requiere acompañamiento de las familias, orientación desde las instituciones educativas y diálogo sobre el uso seguro de internet.
¿Qué muestran las cifras en Colombia?
Las cifras citadas por el Ministerio de Educación permiten dimensionar el problema.
De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, entre 2015 y 2025 se registraron 22.697 víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
El 81,8 % de las víctimas registradas fueron mujeres.
El Ministerio señaló además que las adolescentes entre los 14 y 17 años se encuentran entre los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad.
Estos datos corresponden a registros acumulados durante ese periodo y no representan únicamente casos ocurridos durante 2026.
¿Cuáles pueden ser señales de alerta?
No existe una sola señal que permita confirmar que una niña, niño o adolescente atraviesa una situación de explotación. La presencia de cambios o comportamientos inusuales sí puede justificar mayor atención y acompañamiento.
Entre las situaciones que el Ministerio invita a reconocer están los ofrecimientos de dinero o beneficios, los engaños, las amenazas y las solicitudes de imágenes, videos o encuentros.
En los espacios digitales también resulta importante prestar atención a contactos desconocidos que ofrecen regalos, dinero u oportunidades a cambio de mantener conversaciones privadas o compartir contenido.
La respuesta de los adultos debe estar enfocada en escuchar, proteger y buscar orientación institucional, evitando exponer o responsabilizar a la niña, niño o adolescente.
¿Qué debe hacer un colegio ante un posible caso?
El Ministerio de Educación hizo una aclaración importante: la función de una institución educativa es proteger y activar la respuesta institucional, no investigar un posible delito.
Cuando un colegio identifica una situación que puede representar un riesgo, debe adoptar medidas de protección y activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
Esta ruta hace parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y contempla acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento frente a situaciones que afectan los derechos de los estudiantes.
La institución educativa también debe articular la atención con las autoridades que correspondan según las características del caso.
La Ley 1620 de 2013 y su reglamentación establecen mecanismos de prevención, protección, detección y atención dentro del sistema de convivencia escolar.
¿Qué ocurre cuando una niña, niño o adolescente desaparece?
La desaparición requiere una respuesta rápida de las autoridades.
Colombia cuenta con la Alerta Rosa, un mecanismo nacional diseñado para apoyar la búsqueda y localización de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidos.
La herramienta fue adoptada mediante la Ley 2326 de 2023 y articula a entidades públicas, autoridades, medios de comunicación y ciudadanía para fortalecer las acciones de búsqueda.
El Bienestar Familiar informó en abril de 2026 sobre la puesta en marcha de este mecanismo y señaló que permite reforzar la reacción institucional ante reportes de desaparición.
¿Dónde se puede pedir ayuda o denunciar?
Ante una posible vulneración de derechos de una niña, niño o adolescente, la ciudadanía puede acudir a distintas entidades.
Una de las principales opciones es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Se trata de una línea gratuita nacional destinada a reportar emergencias, realizar denuncias o solicitar orientación frente a situaciones que amenacen o afecten la integridad de niñas, niños y adolescentes.
El Ministerio de Educación también menciona entre los canales disponibles las líneas 123, 122 y 141.
Asimismo, se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, ICBF, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, comisarías de familia, personerías municipales, instituciones de salud y autoridades locales.
¿Por qué la prevención también debe comenzar en internet?
El entorno digital forma parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Por esa razón, la protección no puede limitarse a lo que ocurre dentro de una institución educativa.
El acompañamiento en el uso de redes sociales, la orientación sobre contactos desconocidos y la confianza para comunicar situaciones incómodas pueden ayudar a reconocer riesgos.
El Ministerio de Educación insiste en que una comunidad educativa informada tiene mayores herramientas para identificar señales y activar las rutas de protección.
La prevención requiere participación de colegios, familias, autoridades y comunidades, con un principio central: ante cualquier señal de posible vulneración de derechos, la prioridad debe ser proteger a la niña, niño o adolescente y acudir a los canales institucionales correspondientes.
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