El país está frente a una posible transformación en la forma en que se adquieren y activan las tarjetas SIM y e-SIM, a raíz de un proyecto de ley radicado en el Congreso que busca fortalecer la identificación de usuarios en la telefonía móvil.
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La iniciativa, impulsada por el senador Ariel Ávila, pretende cerrar la puerta al uso de líneas anónimas, un recurso ampliamente utilizado por redes delictivas para extorsionar desde las cárceles sin dejar rastro.
La propuesta, conocida de manera informal como Ley SIM Card, plantea que ninguna línea telefónica pueda ser activada sin que su titular sea plenamente identificado mediante un registro biométrico o a través de un documento oficial validado en el punto de venta.
Con este proceso, se busca impedir que las tarjetas prepago sigan siendo usadas como herramientas desechables para cometer delitos.
¿Por qué se presentó la iniciativa?
Las autoridades han alertado que la trazabilidad limitada de las líneas móviles facilita actividades ilícitas. La compra rápida, el uso temporal y el descarte de SIMs sin registro riguroso han permitido que miles de llamadas extorsivas provengan desde centros penitenciarios.
Aunque la Fiscalía recibió más de 35.000 denuncias por extorsión en 2023, se cree que el número real podría ser mucho mayor debido al temor de las víctimas de denunciar. A esto se suma que, según datos de la Policía Nacional, una parte importante de estas llamadas —en algunos reportes, entre el 40% y el 60%— se origina dentro de las cárceles.
Frente a este panorama, el senador Ávila explicó que el propósito de la norma es mejorar la capacidad de rastreo y darle a las autoridades herramientas efectivas para identificar a los responsables de estos delitos.
Cambios clave que propone el proyecto
La regulación que se discute en el Congreso incluye varios puntos que modificarían de manera significativa el mercado de las tarjetas SIM:
- Identificación biométrica obligatoria
Los operadores deberán verificar la identidad del comprador mediante huella, reconocimiento facial u otro método biométrico antes de activar la tarjeta SIM o e-SIM. Este paso sería un requisito indispensable para cualquier línea nueva.
- Registro nacional de usuarios
Se plantea crear un Registro e Identificación de Usuarios Finales, administrado por el MinTIC y la Fiscalía, que permitirá asociar cada número telefónico con su titular. Este sistema centralizado fortalecería la investigación criminal.
- Prohibición de SIMs sin registro
Se eliminaría por completo la venta y activación de tarjetas anónimas. Cualquier línea que no cumpla con la validación exigida sería suspendida automáticamente, cerrando la posibilidad de que los delincuentes utilicen SIMs desechables.
- Alertas en llamadas desde cárceles
La iniciativa incluye un sistema que avisaría a los ciudadanos cuando una llamada se origine desde un establecimiento penitenciario, brindando una alerta temprana para evitar caer en engaños.
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¿Qué implicaría para las empresas de telefonía?
Los operadores tendrían que adaptar sus sistemas tecnológicos para capturar datos biométricos, actualizar sus protocolos de activación y garantizar que los comercios autorizados cumplan con los nuevos requisitos. También deberán integrarse al registro nacional y entregar información cuando sea solicitada por las autoridades competentes.
El cambio, de ser aprobado, marcaría un nuevo estándar de seguridad en el mercado móvil colombiano y modificaría la forma en que los ciudadanos adquieren y activan sus líneas telefónicas.
