Nuevo decreto fortalece la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes en Colombia.
Colombia dio un nuevo paso para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes mediante la expedición del Decreto 0769 de 2026.
La normativa reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece responsabilidades para las familias, los colegios, las entidades públicas y las empresas tecnológicas.
¿Qué establece el nuevo decreto sobre seguridad digital?
El Decreto 0769 promueve entornos digitales sanos, seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Su propósito es prevenir riesgos, mejorar la educación tecnológica y facilitar una atención adecuada cuando se presenten amenazas o violencias en línea.
La medida reconoce peligros como el ciberacoso, el abuso sexual, la captación mediante plataformas, la exposición a contenidos inapropiados y la pérdida de privacidad.
También busca reducir situaciones de vulnerabilidad mediante herramientas de prevención, orientación y acompañamiento adaptadas a las necesidades de cada comunidad.
Según la información oficial, la protección de los menores no dependerá únicamente de las autoridades o de los proveedores de servicios tecnológicos.
El decreto adopta el principio de corresponsabilidad, por lo que las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado deberán trabajar conjuntamente.
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Familias y colegios tendrán nuevas responsabilidades
Las familias y cuidadores recibirán herramientas que les permitirán acompañar de manera responsable el acceso de los menores a dispositivos, aplicaciones y plataformas.
Este acompañamiento deberá promover hábitos de autoprotección, cuidado de los datos personales y reconocimiento temprano de posibles amenazas digitales.
Los colegios deberán incorporar la prevención de riesgos en sus Proyectos Educativos Institucionales y en los respectivos Manuales de Convivencia.
De esta manera, la seguridad digital formará parte de los procesos educativos y no será tratada solamente después de presentarse una situación peligrosa.
Las instituciones también deberán orientar a estudiantes, docentes y acudientes sobre los canales disponibles para reportar hechos que puedan afectar sus derechos.
El objetivo es que los posibles casos sean identificados y atendidos oportunamente, evitando que las víctimas enfrenten solas estas situaciones.
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¿Qué deberán hacer las plataformas y servicios digitales?
Los proveedores tendrán que ajustar sus productos para incorporar medidas de privacidad desde el diseño y activarlas de manera predeterminada.
Además, deberán evaluar los riesgos asociados con sus servicios y presentar informes semestrales sobre los avances realizados para proteger a los menores.
Estas obligaciones se aplicarán de manera gradual, según la naturaleza del servicio, su nivel de riesgo y la capacidad técnica de cada responsable.
El decreto aclara que las medidas no podrán convertirse en censura previa, vigilancia generalizada de las comunicaciones ni debilitamiento de los sistemas de cifrado.
Por tanto, la seguridad digital deberá fortalecerse sin desconocer la privacidad, la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales de los usuarios.
La normativa también contempla mejores canales de reporte, mecanismos de atención y una mayor coordinación entre las entidades encargadas de proteger a la infancia.
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Colombia tendrá una política nacional de entornos digitales seguros
Uno de los principales compromisos es formular, durante los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros.
Además, se creará un repositorio gratuito con contenidos, recursos y buenas prácticas dirigidos a familias, estudiantes, docentes y comunidades educativas.
Este espacio no podrá exigir datos personales como condición de acceso ni incluir publicidad dirigida a menores de edad.
Aunque el término beneficiarios suele relacionarse con programas sociales, en esta estrategia la protección tendrá un alcance general para la niñez y la adolescencia del país.
También se implementará un sistema integral de monitoreo, evaluación y desarrollo tecnológico para fortalecer la prevención, detección y atención de riesgos.
En este mecanismo participarán entidades de educación, protección familiar, justicia y defensa, con una coordinación técnica especializada.
CiberPaz fortalece la educación y la seguridad digital
Durante los últimos cuatro años, CiberPaz realizó cerca de 3,4 millones de sensibilizaciones sobre ciudadanía responsable, empatía y autoprotección tecnológica.
Las jornadas llegaron a 805 municipios de los 32 departamentos, incluidos colegios, barrios, zonas rurales y Juntas de Acción Comunal.
La estrategia vinculó a menores de edad, padres, docentes, cuidadores, mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado.
El gobierno colombiano explicó que estas acciones permiten acercar conocimientos prácticos a poblaciones que antes contaban con pocas oportunidades de formación tecnológica.
En total participaron más de 968.000 adolescentes y cerca de 509.000 niñas y niños en actividades relacionadas con el uso seguro de las tecnologías.
Estas cifras muestran que la seguridad digital requiere formación permanente, orientación familiar y acciones concretas dentro de los entornos educativos y comunitarios.
El decreto fue sometido a consulta pública
La construcción de la norma tuvo dos rondas de consulta pública realizadas entre diciembre de 2025, enero de 2026 y abril del mismo año.
Durante este proceso fueron recibidas más de 500 observaciones y propuestas de ciudadanos, organizaciones sociales, gremios y asociaciones de padres.
También participaron entidades como el ICBF, la Policía Nacional y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
La ministra Carina Murcia Yela señaló que la protección de los derechos digitales exige el compromiso de las familias, las instituciones, las empresas y el Estado.
Con la aplicación del decreto, Colombia busca que niñas, niños y adolescentes aprovechen las oportunidades de la tecnología con mayor orientación y protección.
La norma plantea una respuesta nacional frente a los riesgos presentes en internet, sin limitar el acceso a la información ni afectar las comunicaciones privadas.
El reto será convertir las disposiciones en acciones verificables, recursos educativos accesibles y mecanismos de atención que funcionen en todo el territorio.
Así, la seguridad digital se consolida como una responsabilidad compartida y como una condición necesaria para proteger el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
Fuente: Información publicada por el Ministerio TIC sobre el Decreto 0769 de 2026. Página principal oficial: Portal institucional de la entidad.

