El Gobierno nacional, por medio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dio a conocer un nuevo proyecto de decreto que propone ampliar hasta el 31 de diciembre de 2027 el periodo de transición del Sisbén IV al Registro Universal de Ingresos (RUI), con el propósito de dar más tiempo a las entidades para adaptar sus sistemas y garantizar la continuidad de los programas sociales.
La propuesta, disponible para consulta ciudadana en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), también contempla disposiciones sobre las encuestas socioeconómicas, la actualización de información de los hogares y el funcionamiento de la Ventanilla Social.
El documento representa un nuevo avance en la revisión del cronograma que se había establecido para reemplazar de forma progresiva el Sisbén IV como instrumento principal de focalización.
Aunque la ampliación ya está contemplada en el texto publicado por Planeación Nacional, todavía debe surtir el trámite correspondiente antes de convertirse en un decreto definitivo.
¿Hasta cuándo propone el Gobierno mantener el Sisbén IV?
Uno de los principales cambios aparece en el artículo 3 del proyecto, que modifica las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 relacionadas con el periodo de transición.
El texto establece como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2027, en reemplazo del plazo del 31 de octubre de 2026 contemplado en el Decreto 662 de 2026.
Durante este tiempo, el Sisbén IV continuaría como herramienta principal para orientar la identificación de posibles beneficiarios de la oferta social del Estado.
El RUI, por su parte, seguiría su proceso de preparación y ajuste, hasta contar con las condiciones necesarias para convertirse en el único instrumento de focalización.
Esto significa que el cambio no se realizaría de un momento a otro. Cada entidad responsable de administrar programas sociales tendría que preparar sus procedimientos, revisar el impacto sobre la población y establecer un cronograma para adoptar el nuevo sistema.
La propuesta también señala que las entidades deberán evitar interrupciones injustificadas en el acceso o permanencia de los beneficiarios durante este proceso.
¿Por qué el DNP propone aplazar la implementación del RUI?
La decisión de presentar un nuevo proyecto está acompañada de una memoria justificativa en la que Planeación Nacional expone las dificultades identificadas durante la implementación inicial del Registro Universal de Ingresos.
Uno de los datos que más llama la atención es el volumen de reclamaciones ciudadanas.
Según el documento, durante el primer mes de implementación del RUI se recibieron más de 120.000 peticiones de personas inconformes con la nueva clasificación socioeconómica.
La cifra supera ampliamente las 11.213 peticiones registradas durante todo 2025 por asuntos relacionados con el Sisbén IV.
Para el DNP, esta situación hizo evidente la necesidad de ampliar el periodo de transición, brindar más orientación a los ciudadanos y revisar los modelos utilizados para estimar la condición económica de los hogares.
La entidad también expone la importancia de mejorar la calidad de los datos y corregir las posibles fallas identificadas en el proceso de clasificación.
A esto se suman las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que dificultaron la atención y actualización de información en varios municipios del país.
¿Qué pasará con Renta Ciudadana, Devolución del IVA y otros subsidios?
Este es uno de los puntos de mayor interés para las familias que actualmente reciben transferencias económicas del Estado.
El proyecto indica que las entidades encargadas de los programas sociales deberán conservar la coherencia entre sus criterios de focalización y la información del Sisbén IV hasta que finalice la transición.
De hecho, en la memoria justificativa, el DNP informa que consultó a distintas entidades, entre ellas Prosperidad Social y el Ministerio de Salud, las cuales manifestaron que, hasta ese momento, no habían focalizado beneficios de su oferta social con fundamento en la clasificación del RUI.
Esto ayuda a entender por qué se plantea conservar el sistema anterior mientras se realizan los ajustes pendientes.
Es importante aclarar que mantener el Sisbén como instrumento de focalización no significa que todas las personas registradas recibirán un subsidio.
Cada programa, como Renta Ciudadana o Devolución del IVA, conserva sus propios requisitos, procesos de selección y disponibilidad de recursos.
El propósito de la transición es que el cambio de herramienta no produzca afectaciones injustificadas a quienes reciben o aspiran a recibir estos beneficios.
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¿Las alcaldías seguirán realizando encuestas y actualizaciones del Sisbén?
Otro punto importante del documento es la continuidad de las oficinas municipales y distritales encargadas de atender las solicitudes relacionadas con la información socioeconómica.
El artículo 4 incorpora nuevas disposiciones para regular las encuestas y los mecanismos de caracterización de los hogares.
Entre los procedimientos contemplados se encuentran la recepción de solicitudes de encuesta, la actualización de datos, la corrección de información y la atención de los ciudadanos.
Las personas también podrían solicitar una nueva encuesta cuando existan inconformidades con la información registrada, conforme a las condiciones establecidas en el proyecto.
El texto contempla un plazo de seis meses para reiterar determinadas solicitudes por inconformidad, con una excepción cuando el problema corresponda a errores en el registro de los datos.
La información recolectada por medio del Sisbén IV continuaría alimentando el Registro Social de Hogares (RSH), que a su vez sirve como fuente para la construcción y actualización del RUI.
Es decir, la encuesta no desaparecería con la llegada del nuevo sistema. Su función cambiaría una vez termine la transición, pues seguiría como un medio para recopilar información de las familias.
¿Qué cambios tendría la Ventanilla Social?
La Ventanilla Social también ocupa un espacio importante dentro del proyecto presentado por Planeación Nacional.
El documento propone incorporar su funcionamiento al Decreto 1082 de 2015, con reglas relacionadas con la consulta ciudadana, la gestión territorial y el intercambio de información entre entidades.
Esto incluye permitir que las personas conozcan su clasificación socioeconómica y reciban orientación sobre la oferta social del Estado.
Un aspecto relevante es que el reporte de novedades en la Ventanilla Social no sería obligatorio durante el régimen de transición.
La memoria justificativa también indica que los canales digitales que actualmente funcionan con información del Sisbén IV continuarían disponibles hasta que finalice dicho periodo.
Por otra parte, el proyecto contempla derogar la Resolución 2383 de 2026, con el propósito de integrar la regulación de la Ventanilla Social dentro del nuevo decreto.
Esto no significa que la plataforma vaya a desaparecer. Por el contrario, el documento propone conservarla y ordenar su funcionamiento bajo las nuevas disposiciones.
La Ventanilla Social tampoco tendría la facultad de asignar subsidios, pues esa responsabilidad seguiría en cabeza de las entidades que administran cada programa.
¿Qué ocurrió con las observaciones ciudadanas sobre el RUI?
La ampliación del plazo también llega después de un proceso de participación ciudadana en el que se presentaron distintas inquietudes sobre la implementación del nuevo registro.
Wintor ABC había dado a conocer una propuesta dirigida al Departamento Nacional de Planeación, en la que solicitó ampliar el periodo de transición hasta julio de 2028 y revisar aspectos relacionados con la clasificación de los hogares, la continuidad del Sisbén y los mecanismos de atención a la ciudadanía.
Ahora, el nuevo documento del Gobierno contempla una ampliación hasta diciembre de 2027, fecha que representa un plazo menor al solicitado por el medio, aunque coincide con la necesidad de extender la transición.
La memoria justificativa también informa que durante la consulta pública anterior se recibieron 22 observaciones provenientes de ciudadanos y entidades, entre ellas Asocapitales y la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.
Estas abordaron asuntos relacionados con la metodología del RUI, la continuidad de las encuestas, los registros administrativos, la Ventanilla Social y los mecanismos de atención ciudadana.
El DNP señala que dichas observaciones fueron analizadas y respondidas en el informe correspondiente, sin que su estudio implique que todos los planteamientos hayan sido incorporados al proyecto.
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¿El nuevo plazo hasta diciembre de 2027 ya está aprobado?
Por ahora, el documento publicado corresponde a un proyecto de decreto y no a la norma definitiva.
La iniciativa se encuentra dentro del proceso de consulta pública, mediante el cual ciudadanos, organizaciones y entidades pueden conocer las disposiciones y presentar sus observaciones.
Una vez termine esta etapa, el Gobierno deberá revisar los comentarios recibidos, definir si realiza ajustes y continuar el trámite correspondiente para la expedición del decreto.
Por esta razón, la fecha del 31 de diciembre de 2027 debe entenderse como el nuevo plazo propuesto por Planeación Nacional, mientras no se publique la norma definitiva.
Las personas interesadas pueden consultar el expediente, el proyecto completo y su memoria justificativa en la plataforma oficial SUCOP.
La ampliación busca dar más tiempo para fortalecer el RUI y ordenar el cambio de sistema, mientras los hogares mantienen los mecanismos de atención y actualización de su información socioeconómica durante la transición.
Documento oficial de consulta del nuevo decreto:
Consultar documento del proyecto de decreto
Memoria justificativa:
Consultar memoria justificativa del DNP
Participación ciudadana y expediente normativo:
Acceder al expediente oficial en SUCOP
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