La Estrategia se presentó y aprobó en la VII Sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, conformada por once entidades nacionales y presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras la aprobación, se iniciará el proceso legislativo para que Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
Migrantes
La Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes aprobó la Estrategia Nacional de Lucha contra ese delito, en su VIII Sesión, que fue presidida por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.
El documento fue elaborado de forma conjunta por las once entidades nacionales que integran la Comisión, dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La nueva Estrategia se rige por principios como la garantía de derechos humanos, la participación, la articulación interinstitucional, la acción sin daño y no revictimización, la confidencialidad, la no discriminación y el interés superior del niño, niña o adolescente, entre otros.
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Así mismo, el enfoque de género estará presente en la formulación e implementación del Plan de acción de dicha estrategia.
En la reunión, la Viceministra de Asuntos Multilaterales anunció el inicio del proceso legislativo para que Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Este Protocolo es el marco jurídico internacional en el que se basa la cooperación en el marco de Naciones Unidas contra este flagelo, al resaltar y promover la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.
La Comisión, creada mediante el Decreto 1692 de 2016, es el mecanismo técnico y operativo encargado de coordinar y orientar las acciones que se adopten contra el delito de tráfico de migrantes en Colombia.
Por medio de este grupo se busca, además de prevenir la comisión del delito y judicializar efectivamente a los criminales, proteger a las personas migrantes, que están en una condición aún más grave de vulnerabilidad al estar sujetas a las redes de tráfico.
